CASTILLA Y LEON, MEDIACIÓN FAMILIAR, FILOSOFÍA DE DIVORCIO‏

EXCMO. SR. PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN

C/ Sierra Pambley, 4

24.003 LEÓN

 

Asuntos: REFERENCIA Nº 201600443

PETICIÓN A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, PARA UN CAMBIO DE FILOSOFÍA EN LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN CASTILLA Y LEÓN, EN RELACIÓN A SEPARACIONES/DIVORCIOS. EJERCICIO DE UN DERECHO, RESPETABLE, POR LO QUE LOS COSTOS DEBERÍAN SER A CARGO DE QUIÉN PROMUEVE LA SEPARACIÓN/DIVORCIO, EN LOS CASOS EN QUE NO ES GRATUITA, Y ASUMIDOS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN CUANDO EL QUE PROMUEVE LA SEPARACIÓN/DIVORCIO TIENE DERECHO A MEDIACIÓN JUDICIAL GRATUITA.

ADAPTACIÓN DE LA LEY 1/2006, DE 6 DE ABRIL, DE MEDIACIÓN FAMILIAR DE CASTILLA Y LEÓN,  Y DEL DECRETO 61/2011, DE 13 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 1/2006, DE 6 DE ABRIL, DE MEDIACIÓN FAMILIAR DE CASTILLA Y LEÓN,   A LOS DERECHOS CONTEMPLADOS EN LAS LEYES 42/2003 Y 15/2015: ABUELOS E HIJOS MAYORES Y EMANCIPADOS.

 

Burgos, uno de marzo de 2.016

Excmo. Sr.:

He recibido un correo electrónico de Uds., el pasado lunes 22 de febrero de 2.016:

El Lunes 22 de febrero de 2016 12:21, Oficina de Atención al Ciudadano <procurador@procuradordelcomun.es> escribió:

León, 22 de febrero de 2016

Estimado Sr.

Acusamos recibo del correo electrónico que nos ha enviado el pasado día 20 de enero, que ha quedado registrado con el número de consulta 201600443, al cual rogamos haga siempre referencia en sus posteriores contactos con nosotros.

Tras una lectura detenida de cuanto nos expresa en su escrito, comprobamos, en primer lugar, que en la misma se refiere a diversas cuestiones que merecen un tratamiento diferenciado:

  • Medición familiar gratuita
  • Derechos de visita/ abuelos
  • Solicitud de emancipación judicial/ inexistencia de impresos en juzgados

 

Con relación al punto tercero, advertimos que de nuevo denuncia usted la misma problemática que dio lugar a la apertura del expediente registrado con el número de referencia 20160030 y que fue remitido a la Defensora del Pueblo, tal como se le comunicó en su día.

Sobre el resto de las cuestiones arriba indicadas, le sugerimos que si desea plantear una queja, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 2/1994, de 9 de marzo, reguladora de esta Institución,  nos remita un nuevo escrito dirigido al Procurador del Común de Castilla y León, solicitando nuestra intervención en relación con alguno de estos dos asuntos ( o con todos ellos), firmado por Ud. exponiendo con claridad si lo hace a título individual o en representación de la Asociación de Padres de Familia Separados de Burgos.

Pendientes de sus noticias, aprovechamos la ocasión para trasladarle un cordial saludo.

Atentamente,

————————————-
Oficina de Atención al Ciudadano
Procurador del Común de Castilla y León
C/Sierra Pambley 4
24003 LEÓN

Y es por ello que me dirijo a Uds., para solicitar su intervención en estos temas.

En la disposición final primera, Desarrollo reglamentario, de la Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León, se indica:

“Se autoriza a la Junta de Castilla y León y a la Consejería competente en materia de mediación familiar, a dictar las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.”

En relación con las mediaciones familiares en que se trata de uniones libres de personas, bien con el vínculo matrimonial u otros, y situaciones familiares con problemas socioeconómicos de uno o de los dos miembros de la pareja, conforme a la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, y en su exposición de motivos se indica:

Así, el ejercicio de su derecho a no continuar casado no puede hacerse depender de la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues la causa determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en su solicitud, ni, desde luego, de una previa e ineludible situación de separación…

“….basta con que uno de los esposos no desee la continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el demandado pueda oponerse a la petición por motivos materiales, y sin que el Juez pueda rechazar la petición, salvo por motivos personales.”

¿ Qué se indica con esto ?. Primero, que el no continuar casado es un derecho de cada uno de los cónyuges, sin limitaciones, y, en segundo lugar, que se puede solicitar independientemente de la situación socioeconómica de cada uno de ellos. Y esto se señala porque en la Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León, y en su artículo 7. Deberes de las partes en conflicto, se indica:

“Las partes tendrán, en el ámbito de la presente Ley, los siguientes deberes: a) Cumplir las condiciones de la mediación familiar.

  1. b) Actuar de buena fe en el procedimiento de mediación, proporcionando al mediador información veraz y completa sobre el conflicto”
  2. e) Satisfacer los honorarios y gastos de la persona mediadora, excepto para los supuestos de reconocimiento de la mediación gratuita en los que la Administración de la Comunidad de Castilla y León sufragará al profesional interviniente el coste de la mediación, en las condiciones y términos que se establezcan reglamentariamente.

DIFERENCIAR DOS CONCEPTOS: SEPARACIÓN/DIVORCIO DE MUTUO ACUERDO, DE SEPARACIÓN/DIVORCIO PEDIDO POR UNO CON CONSENTIMIENTO DEL OTRO.

Y esto es algo muy importante, porque, normalmente, hay uno, y no dos, que impone/exige al otro la nueva situación personal/familiar. Y ésa es una información que debe presidir todo el proceso de mediación, si es así, porque, independientemente de que se acuerde una separación o un divorcio, no debiera NUNCA plantearse como una separación o divorcio de MUTUO ACUERDO, sino de SEPARACIÓN DEL UNO CON EL CONSENTIMIENTO DEL OTRO, o un DIVORCIO DEL UNO CON EL CONSENTIMIENTO DEL OTRO, en estos casos. En la exposición de motivos de la Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León, se señalan estas circunstancias, y se indica:

“La finalidad de la mediación familiar no es la de evitar situaciones de ruptura, sino la de aminorar las consecuencias negativas que se derivan de las mismas.”

SEPARACIÓN/DIVORCIO, DERECHO PERSONAL DE CADA CÓNYUGE

Y es más, nadie, ni el mediador, ni los componentes de una pareja unida por matrimonio, u otras modalidades, deben perder de vista que, muy a menudo,  es una IMPOSICIÓN RESPETABLE Y LEGAL por parte de uno de los miembros de la pareja, dentro del régimen de libertad que el ordenamiento jurídico permite, que no debe ser objeto ni de crítica, ni de buscar alternativas, sino de respeto, en que el que lo desea, sino fueran los dos, impone su decisión y los plazos, normalmente lo antes posible.

Y, en  cuanto a las situaciones matrimoniales, no olvidemos nadie que el que tiene que ir a un proceso judicial, para la disolución del vínculo matrimonial, es el que lo desea e impone. Y en esto no estaría de más que se contemplara, incluso, la posibilidad legal de pactar unas consecuencias del ejercicio de la libertad de que gozan ambos miembros de la pareja, en la aceptación de unas medidas que se ratificarían judicialmente como testigo y no como parte en un proceso judicial, por el cónyuge o pareja que no desea la separación/divorcio. El que quiere la separación o divorcio tiene que ir a un proceso judicial, el otro no OBLIGATORIAMENTE, y esto se dice porque ¿ por qué tiene que pagar a un mediador familiar o a un abogado y procurador el que no desea la separación o divorcio, o compartir gastos con la otra parte, e incluso contratar abogado, procurador y mediador ?.

Se estima por esta parte que uno de los mayores problemas que se producen en las separaciones/divorcios, o separaciones de hecho cuando no existe vínculo matrimonial, es el entender la causa de las citadas separaciones/divorcios, que no es otra que el ejercicio de un derecho, puro y duro, garantizado por el Estado Español. Y, muy a menudo, impuesto por uno sólo de los miembros de la pareja. Sin embargo, el Estado Español no garantiza unas buenas condiciones sociales para ejercer ese derecho, que pudieran ir a costa del cónyuge o miembro de la pareja que no desea separarse/divorciarse, en algunos casos. O la situación de paro o precariedad laboral del otro miembro que no desea la separación/divorcio dificulta el ejercicio de ese derecho.

UNO IMPONE LA SEPARACIÓN/DIVORCIO, NO LOS DOS

Por otra parte, dado que, normalmente, quien desea separarse/divorciarse, impone la nueva situación de pareja o familiar, pudiera tener sus posibles beneficios, tanto a nivel anímico como económico, en evitar procesos judiciales, más largos, más costosos e incluso con un desgaste psicológico muy fuerte, que pudiera afectar a todos los miembros de la pareja o unidad familiar, etc., etc.  Nadie olvide los tremendos traumas que sufren muchos hijos por estos temas, y que no reciben una información correcta sobre ello.

NINGUNA SEPARACIÓN/DIVORCIO POR CAUSA DE MALTRATO

Salvo mejor información, no se produce en CASTILLA Y LEÓN una sola separación o divorcio en que el juez de turno lo decrete por algún tipo de maltrato, si no fuera así sería conveniente, por quien corresponda, dar información en contrario. Por lo que los niños es de temer reciban informaciones no correctas, cuando, como se insiste, lo que sucede es el ejercicio de un derecho personal, ejercido por uno o los dos padres, y las consecuencias desagradables, muy a menudo, son debidas a difíciles situaciones sociales de uno o de los dos padres.

¿ POR QUÉ TIENE QUE PAGAR GASTOS QUIÉN NO QUIERE SEPARARSE/DIVORCIARSE ?

Y, doctrinalmente, debiera ser objeto de debate si los posibles costos de un pacto o convenio deben ser asumidos por los dos miembros de la pareja o por el que “impone” su derecho a la separación o divorcio.

Por experiencia personal, los abogados tienden a formalizar los posibles acuerdos como separación/divorcio de mutuo acuerdo, cuando debiera ser pedido por el que lo desea y autorizado por el que no lo desea. Y lo grave es que esto lo puedan imponer abogados de justicia gratuita, para posible cobro de minutas.

¿ UNA DEMANDA DE SEPARACIÓN/DIVORCIO SIN DIÁLOGO PREVIO PODRÍA SER CONSIDERADO MALTRATO ?

De la misma manera, debiera ser objeto de debate doctrinal si no debiera ser considerado un maltrato hacia el cónyuge, pareja, descendientes comunes o resto de la familia, el presentar una demanda judicial sin unos mínimos intentos de “reflexión conjunta” para evaluar la situación socio/familiar y minimizar las consecuencias del ejercicio de un derecho, puro y duro, por uno de los componentes de un matrimonio o pareja,  e intentar llegar a acuerdos. Porque, sin ningún género de dudas, la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, en su exposición de motivos habla de la actuación judicial:

“La intervención judicial debe reservarse para cuando haya sido imposible el pacto, o el contenido de las propuestas sea lesivo para los intereses de los hijos menores o incapacitados, o uno de los cónyuges, y las partes no hayan atendido a sus requerimientos de modificación”.

Por ello,

PRIMERA PETICIÓN

Dado que la MEDIACIÓN FAMILIAR, entre otros temas, está para tratar lo que se indica en la Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León: las consecuencias de situaciones de lo que llaman en esta ley ruptura, de acuerdo con la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, se ruega se modifique ese concepto en la Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León, así como el artículo 7.e) de la citada ley:

==============================================================

Finalidad: facilitar el ejercicio del derecho de no permanecer unido por el vínculo de matrimonio u otros, o del posible deber de convivencia, y, con el objeto de facilitar el ejercicio de ese derecho, cuando en una pareja sea sólo uno de los componentes el que impone o exige ese derecho, en el caso de que fuera beneficiario de mediación gratuita, los costos de la MEDIACIÓN FAMILIAR serían asumidos en su totalidad por la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. Y en el resto de los casos lo pague el miembro de la pareja o cónyuge que desee la separación/divorcio, salvo que sean ambos quienes deseen la separación/divorcio.

De la misma manera, procedería modificar el artículo 16 b) del  DECRETO 61/2011, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de Castilla y León.

Artículo 16. Retribución de la mediación familiar gratuita.

  1. b) En el caso de que no todas las personas intervinientes tengan reconocido el derecho a la mediación familiar gratuita, la parte que proporcionalmente le corresponda conforme a las cantidades señaladas anteriormente.

Obviamente, se debería contemplar, si el que tiene derecho a la mediación familiar gratuita es el que quiere e impone la separación/divorcio, los costos los asumiría la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. En caso contrario, sino tiene ese derecho, debería pagar la totalidad. Si son ambos los que quieren la separación/divorcio cada uno deberá pagar su parte.

 

==============================================================

Por otra parte, en estos casos en que el matrimonio o pareja va a la separación o divorcio, se ruega soliciten a la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN que tenga en cuenta que los posibles acuerdos sobre las consecuencias del ejercicio de ese derecho, por petición o exigencia de uno o los dos miembros de la pareja, puede afectar a otras personas, en concreto las señaladas por dos leyes:

–      Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos.

–      Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

En efecto, por las mismas, en posibles acuerdos entre los miembros de una pareja o cónyuges, se contemplan, por un lado, los derechos de los abuelos de tener régimen de visitas propio con los nietos no emancipados. Nadie olvide que hay padres (que incluye también a madres) que impiden o dificultan la relación con los abuelos, o con los abuelos de la otra parte. Que serían llamados a sede judicial para tratar de este extremo, y que se contempla, inicialmente, en la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos, y se ratifica en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (Artículo 90 redactado por el apartado veintitrés de la disposición final primera de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («B.O.E.» 3 julio).Vigencia: 23 julio 2015.)

Código Civil, artículo 90:

1.      El convenio regulador a que se refieren los artículos 81, 82, 83, 86 y 87 deberá contener, al menos y siempre que fueran aplicables, los siguientes extremos:

2.      ………..

Si las partes proponen un régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos, el Juez podrá aprobarlo previa audiencia de los abuelos en la que estos presten su consentimiento. …….

Por otra parte, procesalmente, se contempla, en casos de separaciones y divorcio, que los hijos mayores de edad o emancipados presten su consentimiento ante el Secretario judicial o Notario respecto a las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios o convivir en el domicilio familiar conforme a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (Artículo 82 redactado por el apartado dieciocho de la disposición final primera de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria («B.O.E.» 3 julio).Vigencia: 23 julio 2015):

Código  Civil

Artículo 82

“1……………………………Igualmente los hijos mayores o menores emancipados deberán otorgar el consentimiento ante el Secretario judicial o Notario respecto de las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar………………”

Esta circunstancia se contempla para el divorcio, conforme al artículo 87 del Código Civil.

Por ello,

SEGUNDA PETICIÓN

==============================================================

Que se regule, en la citada Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León,  la participación de los abuelos e hijos mayores o emancipados en la MEDIACIÓN FAMILIAR, para su posible intervención en la legalización de los convenios a los que se llegue, en sede judicial o notarialmente, en los extremos que les pudieran afectar, y cuando se contemple en el ordenamiento jurídico vigente

Atentamente,

 

Jesús AYALA CARCEDO, Delegado de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.

  1. D.- Obviamente, una parte de los conflictos entre cónyuges o parejas radica en difíciles situaciones sociales, en cuyo alivio o ayuda debieran ayudar las administraciones públicas. Por ello, sería conveniente que la propia Junta de Castilla y León concediera las mismas ayudas a todas las mujeres en difícil situación social que deseen acceder a la separación/divorcio, en que el ordenamiento jurídico las permite no alegar causa alguna, no sólo a las que denuncien, sino a todas, así como a los hombres. Es decir, las leyes conceden un derecho, pero graves situaciones sociales son las que provocan graves conflictos entre cónyuges, parejas y padres, en definitiva. Conflictos que no provoca el matrimonio, sino una grave situación social generalizada. ¿ Se lo negará la Junta de Castilla y León a las mujeres de esta Comunidad de Castilla y León ?. ¿ La pobreza no estará en muchas situaciones de tensión entre cónyuges y padres ?. ¿ Y provoca denuncias y pleitos ?.
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s