EL ILMO. ALCALDE DE BURGOS TIENE LA OBLIGACIÓN DE MULTAR A LAS MADRES QUE NO TENGAN PODER LEGAL PARA EMPADRONAR A LOS MENORES NO EMANCIPADOS

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ILMO. SR. ALCALDE DE BURGOS
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BURGOS
BURGOS
Asunto: INFORMACIÓN DE MULTAS POR FALSEDAD EN LOS IMPRESOS DE EMPADRONAMIENTOS DE MENORES NO EMANCIPADOS, A APLICAR A LOS PROGENITORES QUE COMETAN FALSEDAD EN DOCUMENTO PÚBLICO.
EVITAR TRASLADOS DE MENORES NO EMANCIPADOS, EN INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JUDICIALES, NOTORIAMENTE, VIOLANDO LOS DERECHOS PERSONALES DE LOS MISMOS.
BURGOS NO DEBE VIOLAR DERECHOS DE MENORES NO EMANCIPADOS, COMO EL AYUNTAMIENTO DE MARACENA (GRANADA) PRESUNTAMENTE HIZO CON DOS NIÑOS, HIJOS DE Dª JUANA RIVAS Y EL PADRE QUE ELLA LIBREMENTE ESCOGIÓ.
 
Burgos, 1 de septiembre de 2.017
 
Ilmo. Sr. Alcalde de Burgos:
Con fecha 8 de agosto de 2.017, nos dirigimos a ese Excmo. Ayuntamiento de Burgos, Estadística, en relación a presuntos empadronamientos de menores no emancipados, sin que las personas adultas que lo realizan tengan el poder y representación legal exigida, por parte del negociado que se dedica a ello: Estadística.
Por otra parte, escribimos a la DELEGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, el mismo día, y se nos contesta en escrito de fecha 29 de agosto de 2.017, firmado por el Ilmo. Sr. Delegado del INE en Burgos, D. Félix Ángel Cuevas Carbonell en que nos informa que, conforme al Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales que dice textualmente:
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“Artículo 60
1. La formación, actualización, revisión y custodia del padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con las normas aprobadas conjuntamente por el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio para las Administraciones Públicas a propuesta del Consejo de Empadronamiento, regulado en el capítulo V del presente Título.”
En consecuencia, manifiesta el Sr. Cuevas Carbonell es competencia de los Ayuntamientos cualquier tema relacionado con los empadronamientos.
Se adjunta copia del escrito.
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Tenemos constancia de que un menor no emancipado, el pasado 3 de agosto de 2.017, fue empadronado sin que el padre fuera consultado y diera su consentimiento para el cambio de domicilio y empadronamiento, conforme disposiciones judiciales se indicaba. La madre firmó un impreso de declaración responsable, sin que se la exigiera documentación alguna, que probara su capacidad legal para realizar dicho cambio de empadronamiento.
Por otra parte, le recordamos Ilmo. Sr. Alcalde de Burgos que nuestra Constitución Española indica, en su artículo 118:
“Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.”
Por otra parte, la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, indica:
“Artículo 2 Interés superior del menor
1.- Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.”
Es de pensar que el Excmo. Ayuntamiento de Burgos no quiere colaborar en empadronar a menores no emancipados en situación irregular, como ha podido pasar en el ayuntamiento granadino de Maracena, con los hijos de Dª Juana Rivas y D. Francesco Arcuri, que han sido noticia este verano, en que se han podido causar gravísimos daños a dos menores no emancipados, que fueron traslados del domicilio familiar en Italia, a España, sin que la madre tuviera poder legal para hacerlo.
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Es por ello que se le pregunta a Ud., Ilmo. Sr. Alcalde de Burgos, que manifieste al pueblo de Burgos las posibles sanciones y consecuencias por los posibles empadronamientos que se hayan podido hacer en falsedad de datos manifestados y firmados, notoriamente en las hojas de empadronamiento responsable, tal como se indica en el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales:
“De las sanciones administrativas
Artículo 107
La negativa de los españoles y extranjeros que vivan en territorio español a cumplimentar las hojas de inscripción padronal, la falta de firma en éstas, las omisiones o falsedades producidas en las expresadas hojas o en las solicitudes de inscripción, así como el incumplimiento de las demás obligaciones dimanantes de los preceptos anteriores en relación con el empadronamiento, serán sancionadas por el Alcalde conforme al artículo 59 del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad a que hubiera lugar.
Los padres de los menores de edad o incapacitados, o sus tutores o, en su caso, los residentes mayores de edad con los que habiten, responderán del incumplimiento de las obligaciones indicadas y de las omisiones y falsedades producidas en las hojas de inscripción o en las solicitudes en relación con estos menores.”
El citado artículo 59 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, indica:
“Las multas por infracción de Ordenanzas no podrán exceder, salvo previsión legal distinta, de 25.000 pesetas en Municipios de más de 500.000 habitantes; de 15.000 pesetas en los de 50.001 a 500.000; de 10.000 pesetas en los de 20.001 a 50.000; de 5.000 pesetas en los de 5.001 a 20.000, y de 500 pesetas en los demás Municipios.”
Sin embargo, se estima que este artículo ha sido derogado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local:
“Artículo 141 Límites de las sanciones económicas
Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de Ordenanzas locales deberán respetar las siguientes cuantías:
Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
Infracciones leves: hasta 750 euros.»
Es por ello, Ilmo. Sr. Alcalde de Burgos, que se le ruega, en el caso de que no haya experiencia de ello, que se defina en la calificación de la presunta infracción de empadronamientos de menores no emancipados, sin tener la capacidad legal para ello, como infracción muy grave, grave o leve, y el importe de la multa que ese Ayuntamiento de Burgos exigiría a los adultos que manifiesten falsedades en las hojas de declaración responsable.
Sin embargo, se insta a ese Excmo. Ayuntamiento de Burgos, Corporación Municipal de ese Ayuntamiento de Burgos,  Partidos Políticos representados, personal del negociado de Estadística, y a Ud., personalmente, que admitan que cualquier empadronamiento no correcto de menores no emancipados es la violación de sus derechos personales, y recordarles a todos Uds. que los niños tienen padre y madre, normalmente.
Esperamos informe de este extremo, para que sepan todos los que firmen documentos en falsedad documental, la multa que aplicaría Ud., personalmente. En espera de su pronta respuesta, a favor de los niños y jóvenes de la ciudad de Burgos, atentamente,
 
 
Jesús AYALA CARCEDO, delegado de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.
P. D.- Obviamente, independientemente de que debieran quizá informar de situaciones sospechosas al Ministerio Fiscal, y de las posibles consecuencias penales y civiles de estas situaciones irregulares, para las personas afectadas.
Independientemente, de la responsabilidad personal,  de todo el personal de ese Excmo. Ayuntamiento de Burgos, en defensa de los intereses personales de los niños y jóvenes afectos a la patria potestad de sus padres u otros.
Resumiendo, exigir documentación y hacer comprobaciones evitarán estas violaciones de los derechos personales de nuestros menores no emancipados.
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