HUELVA: SE EXIGE A LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE RESPETE A UN PADRE, Y LE AYUDE.

El pasado 22 de septiembre, de paso por la bonita ciudad de León, oí a un muchacho de unos doce o trece años quejarse: POBRE GITANO. Me pareció que había recogido una bolsa con productos que se dan a familias necesitadas.
Y, al día siguiente, aparecía una noticia espantosa: cuatro hermanos han estado viviendo en una casa con los cuerpos muertos de su madre y de su acompañante, haciendo una vida aparentemente normal, durante varios días, hasta que se descubrió el drama. Lugar, una pequeña población de Huelva.
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Ante estos dramas, de pobreza, y los sufrimientos de muchos niños a causa de mal llevados procesos de separaciones y divorcios, nos debemos preguntar los ciudadanos cómo se puede y debe ayudar a tanto niño necesitado de información y comprensión durante su vida escolar, cuando se está dando mucha relevancia a otros temas menos urgentes.
Por la información ofrecida por diversos medios de comunicación, la situación personal jurídica de tres de los cuatro niños de ese drama es la siguiente: hijos del mismo padre, y el padre tiene pedida la custodia de los niños.
Por otra parte, se indica que la JUNTA DE ANDALUCÍA se podría hacer cargo de la situación de esos cuatro niños.
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Y aquí se plantea la primera reflexión jurídica, sobre el destino de esos tres niños: al haber fallecido la madre, automáticamente, la responsabilidad de esos tres niños debe quedar enteramente a cargo del padre, salvo que circunstancias especiales aconsejaran otra cosa. Y esto se indica porque, normalmente, el que respecto a los hijos, judicialmente, en caso de separación/divorcio de los padres, tenga la guarda y custodia uno o el otro de los padres, no significa que el padre que no ostenta esa responsabilidad haya cometido un delito o no sea apto para cuidar de los hijos comunes.
También se señalan cuántas pegas se ponen para otorgar una custodia compartida, por ejemplo, y luego los hijos están con cualquier otra persona, nueva pareja del padre o madre que ostenta la guarda y custodia. Y sin control judicial, por supuesto. De la misma manera, el padre o madre que no tiene la guarda y custodia, sin ningún control judicial, puede estar con los hijos de otro padre o madre que no tengan la guarda y custodia de sus hijos. O tener nuevos hijos con una nueva relación con los que puede estar permanentemente.
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La segunda reflexión jurídica, que se  les expone, es la siguiente: Es cierto que la Junta de Andalucía tiene responsabilidades ante esta dramática situación de esos menores no emancipados, pero, si hay un procedimiento abierto judicial, sobre la custodia de los tres menores no emancipados de los dos padres, ¿ quién tiene preferencia a la hora de decidir el destino de esos pobres niños: el Juez o la Junta de Andalucía ?. Porque la realidad jurídica, de la posible competencia de la Junta de Andalucía,  para decidir el destino de los tres menores, cuyo padre está perfectamente identificado, conforme información pública, radica en el artículo 172 del Código Civil, que se transcribe al final. Pero, si hay un procedimiento judicial abierto…….. queda en el aire una duda jurídica importante.
Si la Junta de Andalucía asumiera la tutela de los tres menores no emancipados del padre identificado, supondría, automáticamente, la suspensión de la PATRIA POTESTAD de ese padre, y ese padre no ha cometido delito alguno, ni se niega a cumplir sus obligaciones y responsabilidades. Y eso debe ser considerado un castigo injusto hacia un padre que podría haber ayudado a sus hijos, si hubiera tenido ya la guarda y custodia de sus hijos.
Y, si este padre necesitara ayuda económica para afrontar esta nueva situación familiar, los ciudadanos andaluces tienen derecho a saber los posibles costos de la atención de esos menores no emancipados por otros procedimientos, que pudieran ser muy superiores a una hipotética ayuda social al padre.
Por otra parte, un acogimiento, por ejemplo, en diversas familias, podría suponer una separación de cuatro hermanitos, unidos por la sangre y en su desgracia, situación que se debiera evitar.
Si el padre de los tres menores no emancipados estuviera de acuerdo, y no tuviera padre identificado el hermano mayor, y es deseo de ese niño vivir con sus hermanos, la solución más humana que pudiera tener este tremendo caso es que los cuatro niños estén con ese hombre, con ese padre, con apoyo de la JUNTA DE ANDALUCÍA.
Ayudando a ese padre, se ayudaría a esos niños. Respetando a ese padre, cuatro hermanitos podrían seguir viviendo juntos.
Dejo a su reflexión esta información. Un beso para esos niños.
Jesús AYALA CARCEDO, delegado de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS. 25-9-2017
 
P. D.- Código Civil:
“Artículo 172
1. La entidad pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores, cuando constate que un menor se encuentra en situación de desamparo tiene por ministerio de la Ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal, y notificando en legal forma a los padres, tutores o guardadores, en un plazo de cuarenta y ocho horas. Siempre que sea posible, en el momento de la notificación se les informará de forma presencial y de modo claro y comprensible de las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y de los posibles efectos de la decisión adoptada. 
Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. 
La asunción de la tutela atribuida a la entidad pública lleva consigo la suspensión de la patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, serán válidos los actos de contenido patrimonial que realicen los padres o tutores en representación del menor y que sean beneficiosos para él. 
2. Cuando los padres o tutores, por circunstancias graves no puedan cuidar al menor, podrán solicitar de la entidad pública competente que esta asuma su guarda durante el tiempo necesario. 
La entrega de la guarda se hará constar por escrito dejando constancia de que los padres o tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del hijo, así como de la forma en que dicha guarda va a ejercerse por la Administración. 
Cualquier variación posterior de la forma de ejercicio será fundamentada y comunicada a aquéllos y al Ministerio Fiscal. 
Asimismo, se asumirá la guarda por la entidad pública cuando así lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda. 
3. La guarda asumida a solicitud de los padres o tutores o como función de la tutela por ministerio de la ley, se realizará mediante el acogimiento familiar o el acogimiento residencial. El acogimiento familiar se realizará por la persona o personas que determine la Entidad Pública. El acogimiento residencial se ejercerá por el Director del centro donde se ha acogido al menor.
Los padres o tutores del menor podrán oponerse en el plazo de dos meses a la resolución administrativa que disponga el acogimiento cuando consideren que la modalidad acordada no es la más conveniente para el menor o si existieran dentro del círculo familiar otras personas más idóneas a las designadas. 
4. Se buscará siempre el interés del menor y se procurará, cuando no sea contrario a ese interés, su reinserción en la propia familia y que la guarda de los hermanos se confíe a una misma institución o persona. 
5. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor y la persona o personas a quien hubiere sido confiado en guarda, aquél o persona interesada podrá solicitar la remoción de ésta. 
6. Las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la asunción de la tutela por ministerio de la ley serán recurribles ante la jurisdicción civil en el plazo y condiciones determinados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin necesidad de reclamación administrativa previa.
7. Durante el plazo de dos años desde la notificación de la resolución administrativa por la que se declare el desamparo, los padres que continúen ostentando la patria potestad pero la tengan suspendida conforme a lo previsto en el número 1 de este artículo, están legitimados para solicitar que cese la suspensión y quede revocada la declaración de desamparo del menor, si por cambio de las circunstancias que la motivaron entienden que se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad.
Igualmente están legitimados durante el mismo plazo para oponerse a las decisiones que se adopten respecto a la protección del menor.
Pasado dicho plazo decaerá su derecho de solicitud u oposición a las decisiones o medidas que se adopten para la protección del menor. No obstante, podrán facilitar información a la entidad pública y al Ministerio Fiscal sobre cualquier cambio de las circunstancias que dieron lugar a la declaración de desamparo.
8. La entidad pública, de oficio, o a instancia del Ministerio Fiscal o de persona o entidad interesada, podrá en todo momento revocar la declaración de desamparo y decidir la vuelta del menor con su familia si no se encuentra integrado de forma estable en otra familia o si entiende que es lo más adecuado en interés del menor. Dicha decisión se notificará al Ministerio Fiscal.”
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2 comentarios en “HUELVA: SE EXIGE A LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE RESPETE A UN PADRE, Y LE AYUDE.

  1. Pingback: EN DEFENSA DE UNO DE LOS CUATRO NIÑOS DE HUELVA | EVITAR, SI ES POSIBLE, DENUNCIAS Y PLEITOS.

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