PRESUNTO GRAVE ESCÁNDALO. SE NOS ACUSA DE NO IMPEDIR MUERTES QUE COMETEN OTROS.

El Gobierno y administraciones públicas conocen casos de presunta violencia de género y no obligan a la mujer a denunciarlo, ni lo denuncian ellos ante la Policía, Guardia Civil o Juzgados. Pero legal y moralmente lo debemos hacer Ud. y yo.
 
EXCMA. SRA. CONSEJERA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
C/ Padre Suárez, 2
47.006 VALLADOLID
CARTA PÚBLICA
 
ASUNTO: PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE ESA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, Y LOCALES, RESPETO A PRESUNTAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. NO DENUNCIAN, PRESUNTAMENTE, PRESUNTAS SITUACIONES DE MALTRATO A MUJERES Y NIÑOS, QUE EL RESTO DE LOS CIUDADANOS TENEMOS OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR.
 
Burgos, 8 de noviembre de 2.017
 
Excma. Sra.:
Mediante la  LEY 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género en Castilla y León, en su artículo 9, sensibilización, la Junta de Castilla y León nos impone a todos los ciudadanos, de todo sexo, género y condición:
2. Asimismo llevarán a cabo periódicamente e impulsarán campañas informativas destinadas a la difusión y conocimiento de:
c) Los deberes de la ciudadanía ante el conocimiento de situaciones de violencia.
d) La repulsa social a los agresores contra la mujer.
 
Por otra parte, el gobierno español, está lanzando una fuerte, y supongo costosa campaña, que se ve en distintos medios de comunicación,       paneles en las calles, etc., en que, en la puerta de una vivienda, aparece, en plan de película norteamericana, una corona de flores con el siguiente mensaje:
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“TUS AMIGOS Y VECINOS SIENTEN NO HABER HECHO NADA”
Y el siguiente texto:
“Cuando hay maltrato en una pareja, no  son sólo cosas de pareja.
No permitas la violencia de género.”
Según esta ley y estos mensajes, cuando oigamos un ruido sospechoso en nuestra comunidad, o una compañera de trabajo llegue con ojeras al trabajo y la preguntemos cómo van las cosas en casa, y nos diga que no van bien, debemos llamar a alguno de los teléfonos de estos temas, o a la Policía o Guardia Civil, o escribir a la fiscalía o al juez de guardia, y decir que sospechamos, tememos, es probable, es posible, y, por si acaso, el vecino, ese tan simpático que siempre saluda en el ascensor, y con el cual hemos tomado más de una cerveza, puede, presuntamente, ser un ser ruin, taimado, quizá violento y mala persona.
Y que esa maravillosa vecina, que se ocupa tan bien de los hijos, que suponemos de ambos, puede estar sufriendo una situación muy difícil, en que el amor se ha ido, y  haya un presunto maltrato de ese vecino hacia esa mujer. Quizá de obra, pero casi seguro de palabra y psicológico.
Y yo, como buen ciudadano, de Castilla y León, de España y europeo, debo poner en conocimiento de alguien que investigue, y se  castigue, si procede, a ese presunto mal vecino y casi seguro compañero, cónyuge y, posiblemente, padre. Y, por otra parte, que esa, presunta, pobre mujer y vecina reciba todo el apoyo de nuestras autoridades, con el dinerito que podamos pagar los ciudadanos vía impuestos. O la pongamos en bandeja un procedimiento judicial para castigar al presuntamente malvado hombre. Y posiblemente se le castigue con una detención previa y noche en comisaría.
Por otra parte, debemos proceder a retirar el saludo a ese vecino, dejar de tomar alguna cerveza con él, y, cuando salga detenido, si es el caso, aunque no se debe, habría que escupirle a la cara: mal ciudadano, mal hombre, mal padre…Ojalá te pudras en la cárcel.
Pero, con qué cara nos podemos quedar todos cuando ese hombre, ese ciudadano o ese padre nos diga, alto y claro, que no ha sido condenado. Que incluso la mujer, esa pobre mujer, que todos considerábamos una víctima, nos diga que quién nos ha dado vela en ese tema, cuando ella no ha pedido nada.
Vaya, pero si yo he creído ayudar a una mujer, ayudar a combatir esa tremenda lacra mundial que es la violencia de género. Y yo me pregunto, ¿ vendrá algún funcionario o político a explicar a esos vecinos que me encuentro todos los días en la escalera, en el portal o en el ascensor, que yo he hecho lo que creía me “imponían las leyes”, y en concreto las de Castilla y León ?. ¿ Volveremos a saludarnos en el ascensor y a tomar unas cervezas, de vez en cuanto ?. O se volverán violentos hacia mí, y con razón.
Porque aquí nos encontramos con un concepto de las mujeres, españolas de toda la vida, estimo que por parte de Uds., que son tontas. Que, aunque se emparejaron o contrajeron matrimonio, libremente y con la persona que libremente escogieron, y con la que tuvieron libremente hijos, desconocen que no tienen que pedir permiso a nadie para dejar de convivir con esa persona, y que se obtiene el divorcio sin justificar nada, ni a Uds., ni al cónyuge o pareja, ni a los hijos, ni al juez, ni a mí. No hay ningún divorcio que se decrete por maltrato alguno, salvo que Ud. tenga otros datos.
Aclarado ese concepto sobre las mujeres que tienen Uds., los señores Políticos, nos encontramos con la realidad social de que en muchos hogares hay grandes problemas de tipo económico, como es la dificultad de llegar a final de mes, paro, empleos precarios….que hacen difícil una convivencia en que el estado no da manual de instrucciones para el día a día. Y el no tener una salida social, por situaciones de pobreza o precariedad, hace que dos convivan juntos en un estrecho espacio, en que los sentimientos positivos que suponemos hubo, ya no existen y cualquier tema común, para el cual existen diversas alternativas, sea motivo de conflicto. Y si a ello añadimos una sociedad que alienta el consumismo a todos, mayores, pequeños, jóvenes y ancianos, crea un estado de  frustración  familiar. Y Uds. sólo proponen Código Penal, detención y condena.
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Y se ayuda a la mujer que manifiesta maltrato, a las otras no.
Por otra parte, en las asociaciones de padres separados/divorciamos somos testigos de la enorme conflictividad entre padres, durante los largos procedimientos judiciales en que, al final se toman medidas, que, a menudo, son recurridas en instancias superiores. Y cómo los contactos entre padres se vuelven conflictivos o inexistentes. Quizá ya lo eran antes.
Pues bien, a los ciudadanos se nos “impone” una obligación moral, legal y real de denunciar “presuntos” hechos que pudiéramos creer que pudieran terminar incluso en la muerte de una mujer o de niños, y cuyo causante  es un hombre. Pero, cuando el presunto, probable o real causante es una mujer, parece que esa misma obligación no existe. Y perdonen si Uds. estiman que esto no es así. Lo habremos comprendido mal.
En la citada ley de esta Comunidad Autónoma de Castilla y León se habla, en su artículo 7, acreditación de la situación de violencia:
“La situación de violencia de género se podrá acreditar, a los efectos de la presente ley, por alguno de los siguientes medios:
c) Certificación o informe de los servicios sociales o sanitarios de la administración pública autonómica o local.”
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Nos encontramos con que los servicios sociales, tanto de esa administración pública autonómica, así como de la local, y provincial, tienen conocimiento de presuntas o reales situaciones de violencia de género, por parte de las víctimas o presuntas víctimas de esa violencia de género, que todos los ciudadanos “debemos denunciar”, y que si pasara algo, por no denunciar, nos impedirá dormir con la conciencia tranquila durante muchas noches.
Entonces procede, Excma. Sra. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidad, de la Junta de Castilla y León, que informe, públicamente, ante todos los ciudadanos, y en contestación a esta carta, de lo siguiente:
  • Número de ayudas dadas por esa administración autonómica con una certificación o informe de servicios sociales o sanitarios de esa administración pública, provinciales o locales durante el año 2.016, y que acredite la situación de maltrato de la mujer.
  • Número de denuncias ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, o Administración de Justicia, de los empleados o funcionarios públicos, o trabajando para las administraciones públicas, de esos servicios sociales o sanitarios indicados, ante la ausencia de denuncia de esas mujeres, ante esas instancias públicas, que han alegado maltratos para obtener ayudas económicas, pisos tutelados, casas de acogida, etc., o empleos en que se subvenciona al empleador.
Pudiera ser escandaloso que todos los ciudadanos tengamos la “obligación” de denunciar presuntas sospechas, rumores o situaciones familiares difíciles, y el personal de los servicios sociales autonómicos, provinciales o locales, que hacen certificados o informes dónde se habla de una situación de maltrato, y que a la mujer se la exima de denunciarlo ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, o Administración de Justicia, y tampoco lo denuncien los funcionarios, etc., que puedan expedir y firmar esos certificados.
Y sería tremendo que haya menores no emancipados en casas de acogida, pisos tutelados, etc., porque se estima que hay presunto maltrato hacia la mujer, y quizá  hacia los niños, y Uds. no lo pongan en conocimiento de las autoridades, bien policiales, bien judiciales, para que se investigue y persigan esos presuntos delitos, y presuntos culpables, que deben ser perseguidos y castigados, cuando corresponda, después de un juicio con todas las garantías. Situaciones en que hay padres en pleno ejercicio, legal, de la patria potestad, y los hijos privados de padre. Y a la mujer y madre no se la exija ponerlo en conocimiento de Policías y Jueces.
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Y, obviamente, si el personal de las administraciones autonómica, locales o provinciales, no han denunciado esas presuntas situaciones de maltrato a mujeres o niños, procedería que lo hiciera la propia Junta de Castilla y León. Es decir, por Ud., si permite la osadía, al no hacerlo ni las mujeres, ni ese personal al servicio de administraciones públicas que se mencionan.
La gran pregunta. Uds., dirigentes y empleados al servicio de administraciones públicas, conocen presuntos casos de violencia contra mujeres y niños, que no denuncia la mujer, y a menudo madre, y Uds. quieren que sí los denuncien: médicos, enfermeras, ahora farmacéuticos. En algunas comunidades que intervengan administradores de fincas. Subvencionan a asociaciones de mujeres que también conocen casos de estos. Y todos los ciudadanos tenemos la “obligación” de denunciarlo y funcionarios o personal al servicio de administraciones públicas NO LO DENUNCIAN. ¿ Y TAMPOCO TIENEN LA OBLIGACIÓN LEGAL ?.
Se ruega informe de esta grave sospecha, cuando a todos los ciudadanos se nos impone la obligación legal y moral de denunciar presuntas sospechas, y se nos acuse, directamente, de no haber impedido la muerte de mujeres por no hacerlo.
En espera de su rápida contestación, muchas gracias y atentamente.
 
 
 
Jesús AYALA CARCEDO, delegado de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.
P. D.- Hace unos años, por la noche, iba a entrar en una calle no muy iluminada, y en que había una pareja que parecía estaba en conflicto. No había nadie transitando por la misma. Esperé que hubiera otra persona que iba a pasar por esa calle, para ir junto a él. Al llegar a la altura de la pareja, en voz alta, pregunté si había algún problema. La mujer dijo que no había ningún problema. Y seguimos nuestro camino. ¿ Debí llamar a la Policía para que esa pregunta la hicieran ellos ?.
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