DENUNCIA AL MINISTERIO DE JUSTICIA CONTRA FUNCIONAFRIO JUZGADO DE FAMILIA DE BURGOS

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DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MINISTERIO DE JUSTICIA

C/ San Bernardo, 21

28.015 MADRID

CARTA PÚBLICA. SE ENVÍA A LOS SINDICATOS Y FUNCIONARIOS DE JUSTICIA. ILMA. SRA. JUEZA DECANA Y FISCAL JEFE.

 

ASUNTO: PETICIÓN DE APERTURA DE EXPEDIENTE A FUNCIONARIO/S DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 (COMPETENCIA FAMILIA), DE BURGOS, POR PRESUNTA FALTA DE GARANTÍAS LEGALES, EXIGIBLES EN DERECHO, PARA PRIVARNOS A LOS JUSTICIBLES Y A LOS CIUDADANOS DE NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONAL A UN JUICIO PÚBLICO.

 

Burgos, 17 de febrero de 2.020

Muy Sres. míos:

Desde el año 2.005, se reconoce la separación/divorcio como un derecho personal de las personas que, en nuestro país, han contraído libremente el vínculo del matrimonio.

Hay separaciones/divorcios que se pueden tramitar por notario o ante el secretario judicial (letrados administración de justicia).

Por tanto, en una separación/divorcio no hay buenos ni malos. Sobre todo si ninguna separación/divorcio se decreta durante los tres meses primeros del matrimonio. De la misma manera, el ordenamiento jurídico vigente, desde el año 1.981, permite, sin petición ni justificación expresa, dejar de convivir en cualquier momento.

Por otro lado, la Constitución Española establece como un derecho que los juicios sean públicos, tanto para los justiciables, como para los 47.000.000 de personas que residimos en España, con algunas limitaciones.

Y si ejercer, o pedir; la nulidad/separación/divorcio ocasiona que menores no emancipados dejen de convivir con ambos padres, si es el caso, es un derecho que queda al libre arbitrio de ambos padres, y que no les garantiza el Estado Español.

De la misma manera, un juicio por incapacidad puede ser de mucho interés que sea en vista pública, para evitar que a viejecitas las quiten sus bienes, de una manera abusiva.

En definitiva, el que se puedan suprimir las vistas públicas es una decisión respetable, pero discutible. Por ejemplo, un juicio de familia tiene consecuencias para otros familiares, se habla de deudas que tienen acreedores, de padres avalistas de operaciones hipotecarias en que el hijo puede ser privado de su derecho de propiedad, razón por la que se consintió avalar, etc., etc.

Sin embargo, la realidad del JUZGADO DE FAMILIA Nº 7 DE BURGOS, es que el funcionario de turno impide a los familiares de los justiciables y ciudadanos, en general, la entrada en las vistas. Viene indicando que lo dice Su Señoría de turno.

El pasado mes de diciembre, por teléfono, conforme me indicó en su día, 6 de febrero de 2.006, la Letrada de la Unidad de Atención al Ciudadano, Dª Almudena Lastra de Inés, del Consejo General del Poder Judicial, copia de cuyo escrito se les envía con otra documentación, pedí que me enviaran justificantes de que los jueces responsables de ese juzgado, Primera Instancia Nº 7 de Burgos, venían cumpliendo su obligación, que se estima legal, de documentar, caso a caso, el que todas las vistas sean a puerta cerrada. Como pasaba el tiempo y no se me enviaba nada, solicité copia de dicha documentación a la letrado de la administración de justicia de dicho letrado. Con fecha 29 de enero de 2.020, Dª Cristina Rubio Domingo me contestó que, en el periodo 1 al 21 de enero de 2.020 no consta dictada providencia escrita alguna referente a que las vistas se celebren a puerta cerrada. Esta parte cree que se llevan años sin que se documente dicha obligación legal por parte de Sus Señorías.

Y, es por ello, que se estima que los funcionarios, que nos vienen indicando a los ciudadanos de que no podemos entrar a las vistas señaladas, porque así se lo ha dicho Su Señoría, que deben exigir a la Señoría de turno que le facilite la oportuna providencia que impone el ordenamiento jurídico, para impedir a los ciudadanos asistir a las vistas señaladas. Para mostrarlas a los ciudadanos, e incluso, para facilitarles copia.

Base jurídica. Como indica el cartel que está puesto en la cristalera de la sala de vistas de dicho juzgado, es aplicable el artículo 754 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que indica que Su Señoría puede (no es obligatorio, como me indicaban por teléfono) ejercer su derecho a prohibir que las vistas sean públicas mediante providencia. Y dicha Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 208, sobre la forma de las resoluciones, indica lo siguiente:

“1. Las diligencias de ordenación y las providencias se limitarán a expresar lo que por ellas se mande e incluirán además una sucinta motivación cuando así lo disponga la ley o quien haya de dictarlas lo estime conveniente.

4. Toda resolución incluirá la mención del lugar y fecha en que se adopte y si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir.”

Y, como son los funcionarios los que nos impiden entrar en las salas de vistas, ellos deben hacerlo mediante el soporte legal que impone el ordenamiento jurídico correspondiente, y se recuerda que las vistas públicas es un derecho constitucional, por tanto, sin que haya la correspondiente providencia, a mostrar, a facilitar copia, e incluso a recurrir, como se me indicaba por el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, se estima, por esta parte, que los funcionarios pueden estar cometiendo una falta grave a la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

Se considera que los funcionarios deben EXIGIR a Su Señoría de turno que las instrucciones se las den por escrito, en forma legal.

Para las posibles sanciones, se estima que el personal de justicia está sujeto al Real Decreto 796/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Conforme al mismo, se cree que son Uds. los que DEBEN, Y PUEDEN, iniciar el oportuno expediente, en que se garanticen las debidas garantías a los funcionarios.

Por esta parte, se pide que se les haga un apercibimiento a los funcionarios para que EXIJAN a S Sª las oportunas instrucciones mediante la EXIGIBLE providencia, para mostrarla o facilitarla a abogados, procuradores, fiscales, secretario judicial y funcionarios, y ciudadanos en general, para que se puedan apelar, si lo estimáramos oportuno.

La próxima reclamación que se haría, en el caso de que se sigan incumpliendo, todas y cada una de las garantías legales establecidas, sería para pedir castigos más fuertes, para el funcionario de turno, que el apercibimiento por impedir las vistas públicas sin que se reúnan los EXIGIBLES requisitos legales.

Se envía copia de todas las gestiones y contestaciones que se han hecho y recibido hasta el momento.

Pendiente de su contestación sobre este grave tema, atentamente,

Jesús Ayala Carcedo.

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