DIVORCIO A LA ESPAÑOLA: LA GRAN ESTAFA, O LA GRAN CHAPUZA

La verdad, le entra a uno rabia, cuando, mirando hacia atrás con ira, como había un programa de radio, se da uno cuenta de lo chapucero que se está trabajando en el tema de los divorcios. ¿Quién falla?. Quizá todos.

Se lo cuento. Mirando unos papeles, me encuentro un auto de medidas provisionales del año 2.007, de un padre divorciado.

Uds. dirán, normal, es lo que se viene pidiendo. Pero es que me entran muchas dudas de que tanto abogados, como juzgados, se hayan leído la ley. Se les explica. Una mujer pide medidas provisionales en procedimiento de divorcio. Hasta ahí normal. Pero es que pide unas medidas, que ya se las había concedido la ley, por el mero hecho de presentar una demanda, y haber sido aceptada. Primera duda, ¿por qué el juzgado no notificó que la demanda había sido aceptada, y que, por ministerio de la ley, regían las circunstancias del artículo 102 del Código Civil?. Fallaron, en la modesta opinión de esta parte, tanto la abogada como la procuradora al pedir algo que no correspondía al juez autorizar, como el juzgado de indicar la fecha de admisión de la demanda, y sus efectos, por ministerio de la ley. Y, por supuesto, el juez, al atribuirse algo en el auto que ya tenía efecto desde fechas anteriores.

Segunda chapuza, vivienda familiar: “quedando en ella todo el mobiliario y ajuar doméstico; debiendo el esposo abandonar la misma en el plazo máximo de dos días, pudiendo retirar y llevarse consigo sus bienes y efectos personales”.

Esto es lo que dice el artículo 103 del Código Civil:

“4.ª Señalar, atendidas las circunstancias, los bienes gananciales o comunes que, previo inventario, se hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que deban observar en la administración y disposición, así como en la obligatoria rendición de cuentas sobre los bienes comunes o parte de ellos que reciban y los que adquieran en lo sucesivo.”

¿Dónde está el inventario?. ¿Cuáles son los bienes comunes y cuáles los privativos?. ¿Qué bienes se puede llevar el expulsado a la calle?. Si hubiera cinco vajillas, ¿se podría llevar una el expulsado a la calle?. Una anterior jueza de familia en Burgos dijo ante decenas de abogados: “el que se va de casa se lleva el cepillo de dientes. Lo pensó un poco, y dijo: y también el pijama”.

Obligación del juez, conforme al citado artículo 103 del Código Civil:

“1.ª Determinar, en interés de los hijos, con cuál de los cónyuges han de quedar los sujetos a la patria potestad de ambos y tomar las disposiciones apropiadas de acuerdo con lo establecido en este Código y, en particular, la forma en que el cónyuge que no ejerza la guarda y custodia de los hijos podrá cumplir el deber de velar por éstos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en su compañía.”

Nada indica S. Sª dónde puede el padre expulsado, con dos días para escapar de casa, con el rabo entre las piernas, el lugar en que podría comunicar con los hijos menores no emancipados y tenerlos en su compañía. Señores, yo estoy señalando la obligación que impone la ley al juez. Nada más, y nada menos.

¿Qué argumentos y esfuerzo tienen que realizar los abogados y procuradores para obtener un divorcio?. Si uno lo pide, y el otro no se opone, con el certificado de matrimonio, se decreta el divorcio. Trabajo: CERO. Perdón, adjuntarlo a unos papeles.

La pregunta que se deben hacer Uds. es cual fue el costo de abogado y procurador por pedir los efectos del artículo 102 del Código Civil, que eran automáticos, y de obtener la disolución del matrimonio, por divorcio. Las consecuencias, eso es otra cosa.

Siguiente pregunta. Si no se opuso la parte demandada al divorcio, en cuanto al vínculo matrimonial, ¿por qué lo consideran divorcio contencioso?.

Y al juez se le olvida justificar el razonamiento jurídico de las medidas provisionales, que indica el citado artículo 103 de Código Civil:

“Admitida la demanda, el Juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las medidas siguientes:”.

Si que indica en el auto el Ilmo. Sr. Juez que hay posturas distintas, pero hubiera quedado, quizá un poquito mejor: “ante la falta de acuerdo de ambos cónyuges, ACUERDO:”.

Por cierto, la esposa y madre pudo haber abandonado el domicilio familiar, sin autorización de juez alguno, previamente. Esta petición judicial era, evidentemente, para expulsar a un padre a la calle.

Saquen Uds. sus conclusiones. Al amparo de la Constitución Española, firma esto,

Jesús Ayala Carcedo, delegado de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.

P. D.- Por si lo desconocen, o no le ha informado su abogado/a. esto dice y obliga el Código Civil:

DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES POR DEMANDA DE NULIDAD, SEPARACIÓN Y DIVORCIO

Artículo 102

Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, se producen, por ministerio de la Ley, los efectos siguientes:

  • 1.º Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal.
  • 2.º Quedan revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.

Asimismo, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

A estos efectos, cualquiera de las partes podrá instar la oportuna anotación en el Registro Civil y, en su caso, en los de la Propiedad y Mercantil.

Artículo 103

Admitida la demanda, el Juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las medidas siguientes:

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  • 1.ª Determinar, en interés de los hijos, con cuál de los cónyuges han de quedar los sujetos a la patria potestad de ambos y tomar las disposiciones apropiadas de acuerdo con lo establecido en este Código y, en particular, la forma en que el cónyuge que no ejerza la guarda y custodia de los hijos podrá cumplir el deber de velar por éstos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. Excepcionalmente, los hijos podrán ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas que así lo consintieren y, de no haberlos, a una institución idónea, confiriéndoseles las funciones tutelares que ejercerán bajo la autoridad del juez.Cuando exista riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o por terceras personas podrán adoptarse las medidas necesarias y, en particular, las siguientes:
    • a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.
    •  
    • b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido.
    •  
    • c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.
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  • 2.ª Determinar, teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protección, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y asimismo, previo inventario, los bienes y objetos del ajuar que continúan en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, así como también las medidas cautelares convenientes para conservar el derecho de cada uno.
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  • 3.ª Fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas si procede las «litis expensas», establecer las bases para la actualización de cantidades y disponer las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos conceptos un cónyuge haya de abonar al otro.

Se considerará contribución a dichas cargas el trabajo que uno de los cónyuges dedicará a la atención de los hijos comunes sujetos a patria potestad.

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  • 4.ª Señalar, atendidas las circunstancias, los bienes gananciales o comunes que, previo inventario, se hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que deban observar en la administración y disposición, así como en la obligatoria rendición de cuentas sobre los bienes comunes o parte de ellos que reciban y los que adquieran en lo sucesivo.
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  • 5.ª Determinar, en su caso, el régimen de administración y disposición de aquellos bienes privativos que por capitulaciones o escritura pública estuvieran especialmente afectados a las cargas del matrimonio.

 

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