ESCÁNDALO: LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN HA GUARDADO EN SUS CAJONES 1.600 EXPEDIENTES DE MUJERES QUE PUEDEN MORIR O ESTAR SUFRIENDO BRUTALES PALIZAS.

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ILMA. SRA. FISCAL JEFE DE CASTILLA Y LEÓN
PALACIO DE JUSTICIA
Avda. de la Audiencia, 10
09003 BURGOS
 
ASUNTO: MIL SEISCIENTAS MUJERES EN PELIGRO DE MUERTE Y LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN NO INFORMA A JUECES, FISCALES Y POLICÍAS CON LA DEBIDA URGENCIA.
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES LEGALES DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, QUE ATIENDEN A LAS MUJERES QUE PUEDAN ESTAR SUFRIENDO SITUACIONES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, DE GÉNERO, ETC., DE PONERLO EN CONOCIMIENTO CON LA DEBIDA DILIGENCIA ANTE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, FISCALÍA O JUZGADOS
Burgos, 10 de octubre de 2.018
Ilma. Sra.:
El pasado 8 de noviembre de 2.017, nos dirigimos a la Excma. Sra. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, de la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, sobre el siguiente asunto:
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DE ESA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, Y LOCALES, RESPECTO A PRESUNTAS VÍCTIMAS DE GÉNERO. NO DENUNCIAN, PRESUNTAMENTE, PRESUNTAS SITUACIONES DE MALTRATO A MUJERES Y NIÑOS, QUE EL RESTO DE LOS CIUDADANOS TENEMOS OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR.
Se adjunta copia de ese escrito.
A dicho escrito, con fecha 17 de enero de 2.018, Dª María José Chica Ramos, Jefa del Servicio de atención a las víctimas de violencia de género, de la citada Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidad, Gerencia de Servicios Sociales, Dirección General de la Mujer, respondió con el escrito cuya copia se adjunta.
Entre otras cosas, “hablan de que la comunicación del profesional a la autoridad pueda aplazarse el tiempo imprescindible a fin de valorar los riesgos y poner en marcha los mecanismos de intervención y apoyo que estén en su disposición, esa comunicación es una obligación que los coordinadores y coordinadoras de caso conocen y cumplen, pues la víctima y sus hijos e hijas tienen derecho a la incolumidad en todos sus aspectos y a la protección que desde los servicios sociales puede y debe dispensarse ante actos que la pongan en peligro.”
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Pues bien, con fecha dos de octubre de 2.018, en los medios de comunicación, se informa que la Excma. Sra. Consejera de Familia e Igualdad de la Junta de Castilla, Dª y León, Dª Alicia García, en reunión con la Ilma. Sra. Delegada del Gobierno en Castilla y León, Dª Virginia Barcones, manifiesta que la Junta de Castilla y León va a entregar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado más de 1.600 historias sociales e informes de vulnerabilidad de víctimas de violencia de género con los que cuentan con el fin de que se puedan valorar mejor los riesgos, etc., etc.
Se adjunta copia de la información que aparece en la página 33 de Diario de Burgos, de dos de octubre de 2.018.
Ilma. Sra. Fiscal Jefe de Castilla y León, salvo mejor información, nos encontramos ante un presunto hecho muy grave, que es que personas que son responsabilidad de la Junta de Castilla y León, que atienden a estas mujeres, no están cumpliendo con su deber legal de comunicar diligentemente situaciones que ellos manifiestan que son de maltrato o violencia de género, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, fiscalía o juzgados, con la debida diligencia.
Es de temer, presuntamente, que haya instrucciones de responsables de la Junta de Castilla y León de que estas situaciones no se denuncien, cuando se recuerda de la responsabilidad personal de cada persona que en esa administración tiene ante esas situaciones que catalogan de maltrato.
Hablando claro, puede haber MIL SEISCIENTAS MUJERES que están sufriendo situaciones perseguibles penalmente, que se ocultan a las autoridades que deben perseguir esos presuntos delitos.
Y no puede pretender la Junta de Castilla y León que siendo conocedores de situaciones perseguibles de oficio dejen a la mujer la responsabilidad de denunciar, incumpliendo su propia responsabilidad personal.
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Cuando una mujer abre la boca para denunciar maltratos, y lo escucha un funcionario o persona dependiente de la Junta de Castilla y León, DEBEN ponerlo inmediatamente en conocimiento de las diversas fiscalías, juzgados de guardia o fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
Estamos ante un escándalo de grandes proporciones que se estima exige de Ud., personalmente, que obligue a la Junta de Castilla y León que ponga, con la máxima urgencia, todos esos expedientes referidos a esas MIL SEISCIENTAS MUJERES para que por el MINISTERIO FISCAL se las proteja judicialmente, antes de que alguna muera, o esté sufriendo en silencio graves palizas, situaciones que puedan afectar a menores, emancipados o no.
Se ruega informe de estas gravísimas prácticas de la Junta de Castilla y León que, como reconoce la Excma. Sra. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Dª Alicia García, saben del sufrimiento y padecimiento de cientos de mujeres y lo vienen ocultando a la Fiscalía, Juzgados y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
En definitiva, menos cuentos de esa administración, la Junta de Castilla y León, y mujer que denuncia ante los profesionales de la Junta de Castilla y León sufrir malos tratos de su pareja, libremente elegida, al menos por las ciudadanas españolas, que lo sepa puntualmente el Ministerio Fiscal, y actúe como proceda para que ninguna mujer en Castilla y León siga sufriendo palizas, y posible riesgo de muerte, porque la Junta de Castilla y León se guarda la información en sus cajones.
Nosotros no queremos ser responsables de ese maltrato que oculta la Junta de Castilla y León. Esperamos que el Ministerio Fiscal actúe CON URGENTÍSIMA DILIGENCIA en detener ese maltrato que conocen en la Junta de Castilla y León.
Al mismo tiempo, se estima debieran recordar a los coordinadores de cada caso, que atienden en la Junta de Castilla y León, de cumplir con sus obligaciones legales, que se contemplan en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y no cumplir presuntas instrucciones políticas.
Se recuerda que la Junta de Castilla y León impone obligación, personal, de denunciar a los servicios médicos y de salud que controla.
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Se espera informe sobre este gravísimo caso, de presunto incumplimiento de la Junta de Castilla y León, y personal a su cargo. Se informa a los medios de comunicación y entidades sociales.
¿Quedarán protegidas judicialmente esas MIL SEISCIENTAS MUJERES Y SUS HIJOS?.
Atentamente,
Jesús Ayala Carcedo, delegado de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.
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