Hoy les ponemos a su reflexión la posible utilización de recursos públicos para defender la situación personal de esta mujer, y madre, que residía en Italia.
En efecto, notorios han sido los apoyos que ha recibido, tanto por parte del ayuntamiento donde parece que reside actualmente, como por parte de la Junta de Andalucía, por boca de la presidenta de esa comunidad autónoma.
Con interés hemos seguido este caso, en que, en base a las declaraciones de esta ciudadana, parece que tenemos que considerar un delincuente al hombre que libremente escogió para hacerle padre de los hijos de ambos, extremo que parece nadie pone en duda.
Pues bien, hemos pedido conocer el posible dinero público que haya podido salir, presuntamente, de las cuentas públicas de esa comunidad.
Lo hemos intentado, pero, hasta ahora, se nos ha negado la posibilidad de saber, en primer lugar, si se ha dedicado dinero público o no, y, en caso afirmativo, el posible importe.
Por no cansarles, como Uds. recordarán, aquí se ha querido enfrentar dos sistemas judiciales, italiano y español, y se ha puesto en posible descrédito el sistema judicial español.
Por último, recordar que la responsabilidad de la defensa de los intereses personales de los hijos de ambos corresponde a la fiscalía y a los jueces correspondientes, al menos en España, por lo que lo que pide esta ciudadana es sus propios intereses, respetables, pero la situación de esos menores no emancipados es que tienen padre y madre. Y lo que pretende esta ciudadana es quitarles su derecho personal de tener, no sólo madre, sino también padre.
Y, como pueden Uds. comprender, es de interés público, saber si dinero público andaluz ha podido ser utilizado para privar a esos niños de padre, que, en el fondo, parece ser el objetivo de esta ciudadana.
Se les muestran las respuestas de la Junta de Andalucía. Demostrando una opacidad de datos. Se crea un agravio comparativo entre padres y madres de primera y de segunda…
1º Solicitud negativa amparándose en la ley de protección de datos
2º Solicitud pidiendo únicamente partidas económicas, ayuda jurídica o social, nueva negativa amparándose en la ley de protección de datos.
Jesús Ayala Carcedo, delegado de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.
EVITAR, SI ES POSIBLE, DENUNCIAS Y PLEITOS. 